Viernes 17hs. en el SUM
Panelista: Mirta Antonelli (Coautora de “Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales” junto con Maristella Svampa)

Universidad masiva o universidad +IVA.
En estos días l@s estudiantes nos encontramos discutiendo en los cursos y en las asambleas la necesidad de poder cursar en distintas bandas horarias. El conflicto surge desde las comisiones del primer año de historia pero pone de manifiesto una situación que atraviesan todas las carreras de la facultad en todos los años. Ante esta situación no venimos teniendo respuestas de las autoridades de la facultad ni del rectorado (FM).
En este volante nos proponemos generar algunos ejes para poder historizar la problemática y enriquecer nuestras discusiones.
El bando de las bandas horarias
La problemática de las bandas horarias es la consecuencia de un conjunto de políticas educativas planteadas desde una concepción elitista y excluyente que tuvieron su avance durante la década del 90'. Frente a la resistencia docente-estudiantil en contra de la privatización de la educación, las autoridades de la UNR (UCR-Franja Morada, y con el apoyo del PS-MNR) tuvieron como objetivo el vaciamiento de las carreras de grado y el pasaje de contenidos a post-grados (en su mayoría pagos). Esto implicó la disminución presupuestaria para el grado (y la baja de dinero para generar nuevos cargos) y un desequilibrio en la relación entre la cantidad de docentes y estudiantes que, obviamente, dificulta mucho el proceso de enseñanza aprendizaje que pretendemos para nuestra facultad.En la actual situación de crisis económica mundial que atraviesa nuestro país, el hecho de que exista una única comisión de cursado funciona como un mecanismo restrictivo y excluyente. En este sentido, nuestra lucha por bandas horarias se enmarca en la exigencia de políticas de bienestar y permanencia estudiantil que eviten que cada vez haya menos estudiantes en la Universidad.
Otra dimensión del problema está relacionada con los concursos docentes los cuales, lejos de ser transparentes, son utilizados para "hacer limpieza" y filtrar docentes opositores no alineados con las gestión de la Facultad/Universidad. Es decir, que el presupuesto que aparece para completar cátedras o abrir nuevos cargos, la mayoría de las veces son "arreglos" entre el decano y l@s docentes que apoyan y sostienen la gestión. Es necesario tener en cuenta esta situación al momento de "pedir o exigir" mas cargos para mas bandas horarias. En este sentido, queremos el incremento en la cantidad de cargos pero también exigimos una distribución que esté acorde a las necesidades reales que se presentan en el cursado cotidiano más que para conseguir votos para la próximas elecciones a Decano y Rector.
En este marco, la conducción del centro de estudiantes (Franja Morada) se niega a levantar estos reclamos para no tocar los intereses del Decanato de la facultad y el Rectorado de la UNR. Han estado ausentes deslegitimando todas las instancias de organización de l@s estudiantes como lo son las asambleas.
Para poder enfrentar esta situación, es importante que l@s estudiantes generemos nuestras propias herramientas de organización, para poder ser nosotr@s mism@s protagonistas de nuestra lucha por una Universidad popular que genere un pensamiento crítico y transformador.
Para poder enfrentar esta situación, exigimos:
Creemos que otro elemento que aporta a la discusión y que es un proceso que se viene dando en nuestra facultad es el tema de la elección de Jurados estudiantiles para concursos docentes. A partir de la medida adoptada por la conducción del CE -de forma arbitraria- con la cual se implementa un nuevo mecanismo de elección de jurados estudiantiles; desde el grito en conjunto con otras agrupaciones, pudimos darnos los debates y discusiones necesarios, logrando exigirles que revean la medida y que se discutan otras propuestas.
Pensamos que no es un tema menor, y que es un eje que puede acompañar los reclamos por más bandas horarias, ya que nuestra participación en estas instancias, implica conocer y discutir sobre que modelo de educación tenemos y cual queremos.
Pero no sólo desde la más altas esferas del poder ejecutivo se estuvo contra los trabajadores para congraciarse con la empresa yanqui: la CGT de Moyano, el más importante sostén del gobierno, recuperó el macartismo de la derecha peronista en los 70 hablando de la “ultraizquierda” en lugar de hablar de los trabajadores que perdían su trabajo, y ninguna organización popular kirchnerista acompañó efectivamente a los trabajadores en los más de 40 días que dura el conflicto, ni se los escuchó repudiar la represión. Aún con sus limitaciones, fueron la izquierda partidaria e independiente, los estudiantes y organizaciones barriales quienes estuvimos al lado de los laburantes, dimos visibilidad al conflicto y logramos que toda la sociedad se vea interpelada por una consigna que, aunque circula desde hace meses en periódicos y afiches, no había superado los ámbitos militantes: “que la crisis no la paguen los trabajadores”.
Los despidos en Terrabusi, aún con su importante dimensión para el conjunto de los trabajadores y el pueblo, conforman apenas uno de los tantos conflictos de envergadura en desarrollo o que se vienen. Otras luchas obreras, barriales o de desocupados cuestionarán también a otros factores de poder, como empresas multinacionales, monopolios (comunicacionales y de los otros) o gobernadores o intendentes del conurbano, quienes también pedirán represión. Si el proceder ante el conflicto de Terrabusi va a marcar el modus operandi del gobierno, pasos positivos como la Ley de Servicios Audiovisuales, o un nuevo proyecto de reforma del sistema tributario que anuncian, quedarán diluidos en un marasmo de crecientes rechazos desde abajo. Si la misma pasividad, falta de compromiso, complicidad con los poderosos y justificación de la represión que se mostró desde quienes sostienen al “proyecto K” van a ser la forma de encarar la difícil situación que se presentará a partir de las luchas populares que ya se esbozan con más fuerza, el gobierno tendrá otros motivos de preocupación, más allá de la “derecha” antipopular y reaccionaria que acompañó a las patronales agroexportadoras y batalla contra la ley de Medios. De parte del pueblo, los sectores que desde hace rato dejaron de ver al kirchnerismo como una opción real de defensa de sus intereses, acrecentarán su rechazo y su lucha contra esa misma "derecha" empresarial, comunicacional y política, pero también contra el gobierno si se muestra funcional a esos intereses, como en el caso de Terrabusi. Deberemos ser l@s propios trabajador@s y el pueblo quienes nos vayamos volcando a la lucha para ser quienes, organizados, nos defendamos del hambre, la exclusión y la voracidad del capital.
Por eso, como sucedió el viernes con la resistencia en Terrabusi pero también con muestras activas de solidaridad en Capital, La Plata, Cipolleti y en otros puntos del país, convocamos a manifestar este lunes en reclamo de la reincorporación inmediata de los despedidos, en Capital, en Rosario, y en cada punto del país donde se convoque a la solidaridad activa con los trabajadores y en repudio a la represión.
El proyecto de ley de SCA nos plantea como organizaciones sociales un debate sobre las políticas de comunicación que necesitamos como pueblo. Con una nueva ley estaremos en mejores condiciones para fortalecer los medios populares, que son aquellos junto a los que venimos resistiendo las políticas de concentración económica, empobrecimiento de la población, precarización laboral y salarial, privatizaciones y saqueo de los bienes de la naturaleza.
También esta disputa requiere, desde las organizaciones y las/os trabajadoras/es, pensar y actuar en la construcción de otro tipo de medios públicos, para que respondan a los intereses de la población y no de los gobiernos de turno. Por eso apoyamos los planteos que vienen realizando trabajadores de distintos medios, entre ellos los de Radio Provincia de Buenos Aires, en el sentido de incorporar los principios de gestión y participación democrática -hoy ausentes- al sistema de medios públicos, "subrayando que público no es lo mismo que gubernamental o partidario".
Creemos que la implementación efectiva del proyecto de ley de SCA, en el sentido planteado por los 21 puntos por una Radiodifusión Democrática, pone un freno al proceso de concentración de los medios, política iniciada durante la última dictadura y profundizada durante los gobiernos democráticos, ya sea a través de decretos presidenciales o reformas parciales del decreto-ley de radiodifusión de 1980.
Valoramos la lucha que desde el comienzo del período democrático se viene dando desde medios populares, organizaciones sociales, de derechos humanos, culturales y trabajadoras/es de la comunicación, por poner en discusión estos temas y avanzar en propuestas concretas que limitan políticas arbitrarias por parte de sectores políticos y/o económicos, entre ellas: -Entender a la comunicación no como un negocio sino como derecho que, por lo tanto, debe ser garantizado por el Estado.
Entendemos que el proyecto de ley de SCA es perfectible, y eso se refleja en algunas de las modificaciones propuestas por las organizaciones sociales en los distintos ámbitos de debate, como por ejemplo las referidas a los fondos destinados a apoyar a medios comunitarios y de pueblos originarios, la discutida “Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual” que reemplaza al Comfer, o la vía libre en el negocio de la comunicación para las transnacionales telefónicas. Asimismo, hay otros aportes que permitirían democratizar la comunicación y limitar el poder de los oligopolios, y que han sido planteados en distintos foros desde la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), como por ejemplo:
Consideramos que esta nueva ley puede abrirnos caminos para:
Agrupaciones estudiantiles independientes expresamos nuestro rechazo al uso de los fondos provenientes de parte de la minera La Alumbrera en las Universidades Nacionales.
Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días todo se ha trasmutado en capital europeo o, más tarde, en norteamericano, y como tal se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos.
Eduardo Galeano
Las penas y el oro se van por la misma senda. Las penas son de nosotr@s, el oro es ajeno.
Desde hace más de 500 años nuestra América viene siendo devastada por la explotación, depredación y saqueo de su tierra, de su oro, de su plata, de su agua, de sus pueblos. Este despojo de nuestros bienes ha servido y aún sirve en la actualidad de sustento durante siglos a un sistema de dominación que concentra el poder en los países del norte y subyuga a nuestro pueblo latinoamericano.
El impulso neoliberal de los 90 profundizó un modelo de país “minero-agro- exportador” generando el marco político y legal que avala este saqueo de los recursos estratégicos a favor de empresas extranjeras. Bajo estas condiciones se vieron favorecidas empresas multinacionales con la complicidad del Estado y sus instituciones. Tal es el caso del surgimiento de la Minera La Alumbrera Ltd. La llegada al gobierno del kirchnerismo no modificó en nada la situación. Eso lo demuestra, por ejemplo, su alianza con el Gobernador de la Provincia de San Juan, defensor a ultranza del saqueo.
En un contexto actual en el que se discute sobre la pérdida de los bosques por el avance de la frontera agropecuaria, donde la crisis energética y la escasez de agua empiezan a dejar de ser una hipótesis para volverse la cruda realidad, ponemos en discusión nuevamente la actividad minera y su impacto territorial sobre los ecosistemas naturales y la población.
La actividad minera a cielo abierto de gran magnitud demanda poca mano de obra pero consume enorme cantidades de insumos básicos. Nuestro caso particular, La Alumbrera consume:
Entre los impactos negativos de La Alumbrera se pueden mencionar:
Ante este genocidio silencioso, a lo largo de la Cordillera y de América Latina, se han gestado innumerables asambleas populares conformando la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) y los Autoconvocados por el NO a la MINA en Argentina.
¿Por qué ahora La Alumbrera otorga fondos a las Universidades Nacionales?
A mediados de los 90 se crea la Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre la Minera La Alumbrera Ltd. (de capitales canadienses y suizos) y Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) que consiste en una empresa interestatal de derecho privado conformado por la Provincia de Catamarca, la Universidad Nacional del Tucumán y el Estado Nacional.
El YMAD recibe el 20% de las ganancias de la explotación. De este monto, según la Ley 14.771 del año 1958, a la provincia de Catamarca le corresponde un 60%, a la Universidad de Tucumán un 20% y el 20% restante se dirige al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las demás universidades nacionales.
A partir del año 2008 La Alumbrera direccionó lo correspondiente por Ley al CIN para que este lo redistribuyera a las universidades nacionales. En ese año por acuerdo plenario 672/08 el CIN redistribuye a todas las universidades nacionales, 49.5 millones de pesos. Para el 2009 está en discusión el uso de una cifra aproximada a los 37 millones de pesos.
Durante el presente año y en el pasado 2008, doce facultades han decidido rechazar la recepción de estos fondos. Ellas son: Trabajo Social de la UNER, Psicología de la UNC, Ingeniería de la UNER, Humanidades de la UNSA, Humanidades de UNCOMA, Filosofía y Humanidades de la UNC, Ciencias Sociales de la UBA, Ciencias de la Educación de la UNER, Bromatología de la UNER, Arte de la UNCEN, Psicología de la UNR e Ingeniería de la UNR. A ellas se le agregan tres unidades académicas: sede Esquel de la UNPATA, Escuela de Ciencias de la Información (Derecho y Ciencias Sociales) de la UNC y la Escuela de Biología (Ciencias Exactas, Físicas y Naturales) de la misma Universidad.
El tiro para el lado de la justicia.
La recepción del dinero proveniente del emprendimiento minero por parte de las Universidades Nacionales también tiene consecuencias legales. En el marco de la causa judicial por contaminación que tiene sitio en los Tribunales Federales de la Provincia de Tucumán, el Fiscal General Gustavo Antonio Gómez ha declarado que el paso siguiente a la posible condena a directivos de la empresa minera por este delito constitucional, es la investigación de la ruta de dinero que va desde Xstrata y sus socios - La Alumbrera- YMAD- Universidad Nacional de Tucumán- Resto de Universidades Argentinas que acepten el dinero. Es decir, en caso de que el juzgado federal condene a los directivos de Xstrata y socios, el paso siguiente es la investigación del uso del dinero resultante del delito y con ello, la connivencia de las autoridades universitarias que aceptasen estos fondos.
Por una Universidad autónoma, pública, crítica, emancipatoria y latinoamericanista.
Entendemos que recibir el dinero proveniente de La Alumbrera , así como establecer convenios con la misma, no sólo condiciona la objetividad de la producción científica al interior de las universidades públicas y su rol de contralor, sino que las convierte en cómplices del saqueo de nuestros bienes naturales nuestros ecosistemas. Un silencioso eco-genocidio cuyo impacto profundo repercutirá en futuras generaciones.
Estudiantes, docentes, investigadores, y miembros de la comunidad universitaria en general, estamos convencid@s de que ya no se trata sólo de poner en discusión si se acepta o no los fondos provenientes de esta empresa (en complicidad con los rectores de las universidades nacionales que integran el CIN). Nuestra tarea es mayor aún: cuestionar, discutir y pelear por un modelo de Universidad Nacional que sea autónoma, pública, masiva, crítica, participativa y emancipadora. Una Universidad Nacional que tenga como fuente de financiamiento los fondos del Estado, que no esté al servicio de capitales e intereses privados, sean nacionales o extranjeros, que abogue por un país soberano y por el cuidado del ambiente.